Desaparición y secuestro de Andrés Nin.
Andrés Nin fue detenido el 16 de junio de 1937 al salir de una reunión de su partido en el edificio del POUM ubicado en la Rambla de los Estudios de Barcelona, por varios agentes de policía o supuestos agentes de policía –al menos presentaron la documentación que los acreditaba como agentes de la autoridad–, los cuales llevaban una orden de detención firmada por el jefe superior de Policía en Barcelona, el comandante Ricardo Burillo Stolle, que había sido el jefe de los guardias de Asalto que asesinaron a José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936.
Nin fue conducido a los calabozos de Jefatura, según se hizo saber a la Prensa aquel mismo día. A las pocas horas fue trasladado a Valencia con gran cantidad de fuerzas y convenientemente esposado. Cuantas gestiones se hicieron luego para conocer el paradero exacto de Nin resultaron infructuosas; los centros oficiales se habían encerrado en el mutismo más absoluto. Todos llegaron a creer que se encontraría en Madrid, encerrado en alguna de las numerosas «checas» allí existentes. Sin embargo, fue conducido a Alcalá de Henares, donde los soviéticos tenían una especie de república dentro de la república, un territorio “liberado” donde el Gobierno republicano había perdido de facto la soberanía, ya que la Unión Soviética tenía un enorme poder en la España republicana. Y más en Alcalá porque allí estaba la principal base militar soviética . El corazón de la base era el aeródromo Barberán y Collar, construido al noreste de Alcalá antes de la guerra. A finales de 1936, ese aeropuerto se convirtió en la base de los cazas Polikarpov I-15, los célebres “Chatos”.
También fueron detenidos y llevados a Madrid los militantes del POUM, Juan Andrade, Pedro Bonet, David Rey, Gorkin (Julián Gómez García), etc. En vista de estos atropellos, el abogado Benito Pabón del Partido Obrero de Unificación Marxista, se dirigió por escrito al ministro de Justicia, Manuel Irujo y Ollo, solicitando «se le comunicase la situación actual y lo ocurrido con Andrés Nin y con los demás detenidos, para tranquilidad de sus familiares y satisfacción de la opinión pública».
A este escrito, contestó el ministro de Justicia con una carta en estos términos: «Reitero a usted, para que pueda darlo a conocer con el testimonio de esta carta, la disposición del Gobierno de la República a que el proceso contra los señores Nin, Gorkin y demás asociados en el POUM se desarrolle dentro de las normas del Derecho, con toda la garantía que las leyes imponen para juzgar a los ciudadanos y con la defensa que éstos quieran utilizar dentro de la ley». Y más adelante: «Puedo asegurarle que nadie de los detenidos ha sufrido un rasguño, ni un mal trato, ni otra presión que la de su propia conciencia». Esta carta estaba fechada en Valencia, el 7 de julio de 1937.
A partir de entonces se realizaron diversas gestiones para poder ver a Andrés Nin. Una delegación internacional, compuesta por representantes de organizaciones obreras de varios países, vino a España para efectuar una encuesta respecto a la represión llevada a cabo contra el partido, investigar el verdadero carácter de las acusaciones que se lanzaban contra el POUM y poder visitar a los detenidos. Estos se encontraban en Madrid, con vistas a ser trasladados a Valencia, causa por la que no se complació por quien correspondía a los componentes de la delegación. De todas formas, todos los ministros que fueron visitados, particularmente el de Justicia, Manuel Irujo, aseguraron una y otra vez que todos los dirigentes del POUM se encontraban bien. Se hicieron mil promesas y la delegación regresó al extranjero en la seguridad de que así sería. El secretario del Partido Laborista Independiente de Inglaterra, Fenner Brockway, que había venido al frente de la misma, a su marcha dirigió un escrito de despedida al Presidente del Consejo Juan Negrín López, al ministro de la Gobernación Julián Zugazagoitia y al ministro de Justicia Manuel Irujo y Ollo. De este escrito son los párrafos siguientes:
«Por mi parte me marcho con la impresión de que la instrucción del sumario se realizará por parte del Gobierno dentro del respeto más absoluto a las normas jurídicas y constitucionales en vigor, permitiendo a todos los acusados el beneficio de un procedimiento normal, lo que les agradezco profundamente en nombre de la opinión liberal y obrera de Inglaterra. Les agradecería también que, en cuanto sea posible, los delegados franceses puedan visitar a los acusados cuando éstos sean trasladados de Madrid a Valencia...».
Bien pronto habría de comprobar la realidad de la seriedad de los ‘demócratas’ republicanos. El día 28 de julio, el ministro de Justicia facilitó una nota por demás sorprendente: «La Dirección General de Seguridad venía ocupándose de temas interesantes derivados y en relación con actividades subversivas y de espionaje. Han sido entregados a los tribunales de Espionaje y Alta Traición los atestados correspondientes a los encabezados que siguen: Juan Andrade, José Escuder Poves, Pedro Bonet Cuito, Julián Gómez García ‘Gorkin’, Daniel Rebull ‘David Rey’, Francisco Gómez Palomo, José Rodríguez Arroyo, Dositeo Iglesias, Francisco Clavé Ruiz, Víctor Berdejo Giménez y Javier Fernández Calver. Los diez primeros pertenecen al POUM y el último a Falange Española...». Dejando de lado la mala fe y aviesos designios de mezclar a un falangista con los trotskistas, el nombre de Andrés Nin no figuraba en la relación de procesados. Se hizo patente la inquietud y el desasosiego, elevando algunos periódicos su protesta, encubierta por la censura puesta al servicio del estalinismo.
Sobre las fachadas de los edificios barceloneses se clavó en gruesos caracteres imborrables esta interrogante: «¿Qué habéis hecho de Nin?». La pregunta iba dirigida a un gobierno que se había convertido en vulgar instrumento del estalinismo. Diversas personalidades y organismos oficiales también se preocuparon por la suerte del que había sido Consejero de la Generalidad de Cataluña y que, por este mismo hecho, tenía derecho a un trato especial y a comparecer exclusivamente ante el Tribunal de Garantías constitucionales. La conocida propagandista anarquista Federica Montseny, ministro de Sanidad en el anterior gobierno presidido por Largo Caballero, en un mitin celebrado en el teatro Olympia de Barcelona el día 21 de julio de 1937, manifestó:
«Acaban de decirnos que han sido hallados en Madrid los cadáveres de Nin y dos compañeros más. Esta noticia no ha sido aún confirmada, pero hasta tanto el Gobierno lo desmienta diciéndonos dónde está Nin, hemos de creer que es cierto».
El ministro de Justicia, que había sido el que más se había distinguido en asegurar la buena situación de todos los detenidos del POUM, se vio obligado a hablar; había estado, naturalmente, al corriente de todo pero se calló por puras razones de gobierno. Pero se calló hasta donde juzgó oportuno y hasta donde consideró no deber comprometerse más. El 4 de agosto facilitó a la prensa una nota que decía así:
«Al hacerse cargo esta jurisdicción de los varios atestados formados por la policía a las órdenes de la Dirección General de Seguridad con respecto a los sucesos subversivos ocurridos en Cataluña en mayo pasado, en relación con denuncias, información y documentos de espionaje recogidos en Madrid, de los que se ha dado nota pública anteriormente, se observó que entre los detenidos puestos a disposición de los Tribunales de Justicia no aparecía don Andrés Nin, ex consejero de Justicia de la Generalidad, dirigente de POUM. Practicadas las necesarias informaciones, resulta que el señor Nin, en unión de otros directivos del POUM, fue detenido por la policía de la Dirección General de Seguridad, trasladado a Madrid y recluido en un preventorio habilitado al efecto por el comisario de policía de Madrid, del cual desapareció, habiendo resultado hasta la fecha infructuosas cuantas gestiones se han llevado a cabo por la policía para rescatar al detenido y a su guardia. El hecho ha sido puesto en conocimiento del Fiscal General de la República, con orden de instar con la máxima urgencia del Tribunal de Espionaje que entiende en el asunto, cuantas medidas se reputen adecuadas para averiguar el paradero del señor Nin y la conducta de todos los elementos que han entendido en los hechos, a partir de los documentos en que aparece insinuada la figura del señor Nin, sobre los cuales, su contenido y autenticidad, el Tribunal está conociendo ya. Todo ello sin perjuicio de la acción de la policía, que continúa realizando pesquisas conducentes al rescate de aquel detenido para ser puesto a disposición de los tribunales de Justicia de la República en las cárceles del Estado».
A los cuarenta y nueve días de la comunicación del ministro de Justicia Irujo se descubre la trágica verdad y su desaparición toma ya estado oficial. Hasta entonces no se había hablado por parte de los estalinistas de la desaparición de Andrés Nin. Su Prensa se había callado prudentemente; cumplía una consigna más. Pero después de hecha pública la nota del Ministerio de Justicia, los estalinistas rompieron el silencio. Con rara y sospechosa unanimidad, los periódicos que reciben las inspiraciones de Moscú, tanto los que oficialmente pertenecen al Partido Comunista y al PSUC como los que han sido sus cómplices vergonzosos durante estos últimos tiempos, dieron una versión extraordinaria: Andrés Nin, según ellos, se había evadido. En esta innoble tarea colaboró un diario –“Adelante” de Valencia– que el prietismo había tenido que arrebatar a Francisco Largo Caballero con la ayuda decidida de los carabineros y que dirigía el periodista Francisco Cruz Salido que en el Norte había sufrido los más rudos ataques de los estalinistas desde Euzkadi Roja.
Después de haber leído los editoriales de la prensa estalinista, a nadie le cabía la menor duda sobre la suerte corrida por Nin. Podría dudarse si estaba muerto o si aún vivía, pero la afirmación segura era que Andrés Nin había sido secuestrado, con toda seguridad por los estalinistas ya que ellos fueron los que prepararon el golpe contra el POUM, los que lo llevaron a cabo y los que se proponían su eliminación.
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